En la crónica anterior expusimos el régimen de tributación de las plusvalías inmobiliarias obtenidas en Portugal por personas físicas no residentes en dicho país. Este régimen también estaba llamado a aplicarse a las sociedades, civiles o mercantiles, que no disponen de un establecimiento permanente en Portugal, en virtud del artículo 56 del Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Colectivas (CIRC). Su apartado 1 establece que «los rendimientos no imputables a un establecimiento permanente situado en territorio portugués, obtenidos por sociedades y otras entidades no residentes, se determinan de acuerdo con las reglas establecidas para las categorías correspondientes a efectos del IRS». En otras palabras, la determinación de las plusvalías de las personas jurídicas no residentes sin establecimiento permanente en Portugal debería seguir las reglas aplicables a las personas físicas, como la tributación limitada al 50 % de la plusvalía prevista en el artículo 43, apartado 2, letra b), del Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (CIRS). Sin embargo, esta interpretación no era pacífica y algunas oficinas tributarias se negaban a aplicar dicha limitación de la base imponible a las personas jurídicas.
La sentencia de unificación de jurisprudencia del Supremo Tribunal Administrativo n.º 8/2024, de 24 de enero de 2024, exige que la tributación de las plusvalías derivadas de la venta de un inmueble situado en Portugal por una sociedad no residente sin establecimiento permanente abarque su totalidad, sin aplicar la reducción del 50 % prevista en el artículo 43 del CIRS. Esta decisión pretendía, en particular, mantener la igualdad entre sociedades residentes y no residentes y evitar una discriminación injustificada. No obstante, la sentencia no resuelve por completo la posible aplicación del artículo 43, apartado 2, letra b), a las entidades colectivas. Se refiere a una sociedad de responsabilidad limitada no residente. Por tanto, sigue abierta la cuestión de la aplicación del artículo 43 del CIRS a las sociedades fiscalmente transparentes no residentes sin establecimiento permanente. Estas sociedades no tributan directamente: son los socios quienes quedan sujetos al impuesto en la categoría y por la cuota de beneficios que les corresponde. En consecuencia, el socio persona física de una sociedad transparente no residente debería poder solicitar la limitación de la base imponible de las plusvalías inmobiliarias. Queda por conocer la posición de la administración tributaria y del Supremo Tribunal Administrativo ante este supuesto. Sea cual sea la respuesta, una sociedad no residente sin establecimiento en Portugal debe cumplir sus obligaciones declarativas sobre plusvalías inmobiliarias. Cabe destacar el dictamen técnico de la Orden de Contables PT27080, de julio de 2022, que recuerda las obligaciones fiscales de una empresa establecida en Europa que pretende vender un inmueble en Portugal.
Los rendimientos de estas entidades tributan normalmente al tipo de IRC del 25 %, mediante retención en la fuente conforme al artículo 94, apartado 4, del CIRC o mediante autoliquidación conforme al artículo 87, apartado 4. Cuando se trata de plusvalías por transmisión onerosa de inmuebles, la entidad debe presentar una declaración de inicio de actividad y la declaración de renta modelo 22, como máximo en los 30 días siguientes a la transmisión, para efectuar la autoliquidación del IRC, de acuerdo con el artículo 120, apartado 5, letra b), del CIRC. También debe presentar el anexo E de la IES antes del 15 de julio del año siguiente al período en que obtuvo la plusvalía, con el fin de determinar ese rendimiento. En esta situación, el contribuyente debe presentar el modelo 22 y el anexo E de la IES. Las minusvalías también deben declararse en el anexo E de la IES, aunque, si no existe base imponible, no procede presentar el modelo 22. Por ser poco conocidas, estas obligaciones deberían recordarse sistemáticamente a las entidades no residentes sin establecimiento permanente en Portugal que adquieren un inmueble.
Dr. Pedro Emanuel de OLIVEIRA
Abogado