Desde hace algunos meses, el despacho recibe consultas de portugueses residentes fiscales en Francia que afrontan regularizaciones tributarias por no declarar cuentas bancarias abiertas en Portugal.
La administración tributaria francesa parece realizar una campaña de control de las declaraciones, o de su ausencia, sobre las cuentas abiertas por portugueses que residen y declaran sus rentas en Francia.
Existe una obligación de declarar las cuentas bancarias extranjeras, prevista en el segundo párrafo del artículo 1649 A del Código General de Impuestos francés:
«Las personas físicas, las asociaciones y las sociedades sin forma mercantil, domiciliadas o establecidas en Francia, deben declarar, junto con su declaración de renta o resultados, las referencias de las cuentas abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas en el extranjero. Sus modalidades de aplicación se fijan por decreto».
Los artículos 344 A y 344 B del anexo III desarrollan la obligación. En la práctica, los datos y referencias bancarias se incluyen en el anexo n.º 3916 de la declaración n.º 2042. El anexo n.º 3916 BIS se utiliza para declarar cuentas de activos digitales abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas en el extranjero. El saldo no debe comunicarse.
Se considera que una persona mantiene una cuenta si es titular, cotitular, beneficiario económico o titular de derechos económicos.
Las sanciones pueden crecer exponencialmente: se aplica una multa de 1500 € por cuenta y año no declarado. Según la administración, la regularización puede retrotraerse hasta diez años porque considera que hubo falta de declaración.
Además, las cantidades, títulos o valores transferidos al extranjero o desde él mediante cuentas no declaradas conforme al segundo párrafo del artículo 1649 A del CGI constituyen rentas imponibles, salvo prueba en contrario.
Por tanto, además de las multas, pueden gravarse las cantidades que transitaron por la cuenta portuguesa si no se acredita su origen lícito y se desvirtúa la presunción.
La administración francesa dispone de facultades de información ante los bancos portugueses sobre cuentas mantenidas en Portugal por residentes fiscales franceses. Ha iniciado una campaña de control que parece amplia, por las regularizaciones y la inquietud generada en la comunidad francesa en Francia.
Se recomienda a la comunidad portuguesa residente fiscal en Francia atender especialmente a la declaración y regularizar espontáneamente las omisiones para acogerse a la buena fe.
La obligación sigue siendo poco conocida por los contribuyentes portugueses residentes en Francia, que generalmente omitieron la declaración de buena fe.
Aunque la administración discute la posibilidad de regularizar sin sanciones, una corrección de buena fe podría encajar en el derecho al error confirmado por la Ley n.º 2018-727, de 10 de agosto de 2018, para un Estado al servicio de una sociedad de confianza, llamada ley ESSOC. Esta permite corregir sin sanción errores cometidos de buena fe.
Corresponderá eventualmente a los tribunales administrativos reconocer este derecho al error, que parece pertinente en el caso.
La doctrina administrativa (BOI-DAE-10-02/10/2019 n.º 10) señala expresamente que el derecho ya existía antes de la ley ESSOC: del CGI y del libro de procedimientos fiscales resulta que presentar espontáneamente una declaración rectificativa para corregir un error de buena fe no acarrea, en la gran mayoría de los casos, recargo ni multa.
También debe debatirse si la ausencia del anexo n.º 3916 cuando se han declarado los ingresos constituye falta de declaración o un error en ella. La respuesta tendrá consecuencias para el derecho al error y las sanciones.
En conclusión, hay que alertar a la comunidad portuguesa e invitarla a regularizar sin demora. También sería útil que los bancos portugueses que abren cuentas en Portugal a no residentes recordasen esta obligación francesa a sus clientes dentro de su deber de asesoramiento.
Pierre Emmanuel de OLIVEIRA
Doctor en Derecho
Abogado (Colegio de Burdeos)
Advogado (Consejo Regional de Oporto)